Durante la narcodictadura, en 2019, se realizó una reforma al artículo 10 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, mediante la cual se establecía el fuero legislativo, conocido como “inmunidad legislativa”, para evitar que los diputados fueran llevados ante los tribunales de justicia.
El Decreto 117-2019 fue aprobado por los “padres de la patria” del bipartidismo, blindándolos de toda responsabilidad penal, civil y administrativa en su contra, como también de los fondos que manejen ellos u otros servidores públicos, lo que incluye a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s).
Mientras estén en funciones, no pueden ser procesados judicialmente por lo que hagan o digan dentro del marco de su labor en el Congreso Nacional.
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Este fuero otorga inmunidad a los diputados por acciones relacionadas exclusivamente con su función legislativa.
Cabe resaltar que la función legislativa comprende el proceso de elaboración, lectura, discusión, aprobación y redacción de proyectos de ley, así como dictámenes y decretos.
Asimismo, le corresponde al diputado la participación en discusiones y votaciones en el pleno, así como la firma de documentos y su actuación en comisiones de estilo y derogación de leyes.
La precandidata presidencial Rixi Moncada es la única candidata coherente y digna que exigió la renuncia al fuero legislativo por parte de los diputados de LIBRE, para que sean investigados y rindan cuentas ante el Ministerio Público.
En una conferencia de prensa, el Partido Libertad y Refundación dio a conocer que los diputados de su bancada en el Congreso Nacional renuncian a ese privilegio; además presentarán una reforma a la ley para eliminar el fuero legislativo.
Asimismo precisó que, cualquier diputado el que se le encuentre responsable del desvío de fondos públicos se le debe inhabilitar e impedir que participe en un cargo de elección popular en las próximas elecciones de noviembre.
