Según el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, el papel de los medios en la sociedad en la que se desenvuelven es ser responsables de brindar un derecho humano, como es la información. Eso, afirma, no se logra porque hay un conflicto de intereses.
Piensa Correa que “los dueños de los grandes medios de comunicación pudieron poner un casino, un burdel o un colegio privado, pero pusieron un medio de comunicación, y eso les da poder, y se acostumbraron a quitar y poner presidentes, legislar, juzgar, absolver, condenar, prácticamente a ser un poder intocable”.
Incluso, como es el caso de Honduras, donde los grandes medios de comunicación, como La Prensa y El Heraldo, propiedad del cuestionado empresario exonerado Jorge Canahuati Larach —parte de las diez familias más poderosas, propietarias de los veinticinco grupos económicos que se oponen a la Ley de Justicia Tributaria—, justamente ahí son juez y parte, porque sus medios enfilan sus cañones en contra de esta iniciativa presentada hace dos años por la presidenta de la República.
Los periodistas contratados en los medios de comunicación, a pesar de hacer su esfuerzo y comenzar a ser éticos y responsables con un papel profesional, inevitablemente responden, al final del día, a la línea editorial del medio, y deben estar en sintonía con la mercantilización de la información.
En este justo momento, el Partido Libre ha declarado que sus diputados renuncian al fuero legislativo, se despojan de cualquier privilegio o protección para ser juzgados en el caso del Fondo Social del Congreso Nacional, que otorgó proyectos a diputados que los gestionaron. En ese caso, esta es una noticia muy positiva para la transparencia nacional, pero ellos no lo informan así.
Sería muy importante que la mediática, que responde a los intereses del bipartidismo y la oligarquía, impulsara que los otros partidos también sigan el buen ejemplo de Libre, que todos se despojen del fuero legislativo y se sometan a la justicia. Los periodistas se autocensuran esa parte, o su jefe editorial está presto para hacerle la seña de “eso no”.
Nos continúa ampliando el expresidente Correa al indicar que: “Desde principios de este siglo, en América Latina, el poder mediático viene utilizando la libertad de prensa para defender intereses ajenos al periodismo.
La información es un derecho humano, y el deber de los medios es informar libremente con imparcialidad, independencia y pluralidad, para contribuir a la cultura, la educación y el conocimiento. Pero la realidad muestra que los oligopolios de la comunicación han transformado la información en mercancía.
En los gobiernos neoliberales de América Latina, la gran prensa define la agenda legislativa, asume la voz y representación de la sociedad, toma partido en las contiendas electorales, hace abiertamente campaña política por los candidatos de su preferencia, coloca y destituye presidentes, e influye en los poderes del Estado”.
Está claro que la oligarquía hondureña inmediatamente toma distancia del Partido Libre cuando su candidata a la presidencia, Rixi Moncada, afirma que el proyecto político de Libre no se debe ni responde a ningún poder fáctico particular, a ningún grupo empresarial o económico.
En ese sentido, los periodistas que entrevistan a la candidata rebasan su papel periodístico y se atreven a tomar partido, pasan abiertamente a refutar a la candidata, a cuestionar sus opiniones y a defender posiciones políticas afines a los grupos de poder y a la oligarquía, representados por sus medios insignes La Prensa y El Heraldo.
¿Acaso los medios de comunicación juegan un papel político?
Rafael Correa dice: “El papel político que ejercen los medios. Aunque su rol debe ser informar con objetividad e independencia, no lo hacen, porque se han convertido en actores políticos que trabajan a favor o en contra de algún candidato y defienden intereses particulares”.
Señala que la principal resistencia que están encontrando los gobiernos progresistas en América Latina es el sector mediático, que quiere controlar el poder político.
Son los dueños de los grandes medios quienes llevan a cabo una ofensiva ideológica, porque la oposición no tiene fuerza para resistir ante la voluntad democrática de la población: “Por ser los dueños de los medios, consideran que ellos tienen la legitimidad para llevar a cabo una oposición, a veces con argumentos muy poco serios”.
Las empresas de comunicación deben ser más honestas y, de una vez, fundar sus partidos políticos, pero no estar escudándose en empresas de comunicación con líneas políticas definidas que atacan al gobierno. Pues, obviamente, sus posiciones son políticas, y no se deben escudar en la libertad de expresión para seguir haciendo su papel de detractores y salir airosos con total impunidad.
