Frente al pesimismo sistemático de economistas y medios alineados con los intereses de los grupos de poder tradicionales, que históricamente han moldeado las condiciones materiales de Honduras para su exclusivo beneficio, se alza una realidad incontestable: el gobierno de la presidenta Xiomara Castro está logrando en apenas tres años y ocho meses lo que los gobiernos de la oposición, negligentes y corruptos, fueron incapaces de hacer en décadas. Mientras las élites económicas, dueñas del 80% del PIB, gozan de privilegios obscenos, como una carga tributaria incluso de cero o con el irrisorio 0.03%, o contratos leoninos que ahogan al Estado, la pobreza creció hasta el vergonzoso 74% que el bipartidismo le heredó a este gobierno.
En enorme contraste, el proyecto refundacional de LIBRE ha demostrado una eficacia sin precedentes en la lucha contra la pobreza. Las cifras del vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, son elocuentes: la pobreza bajó del 75% al 60% y la pobreza extrema de alrededor del 60% a un 42% entre 2020 y 2021, según datos del INE. Organismos internacionales, como la CEPAL, con metodologías más amplias, confirman esta tendencia, situando la pobreza extrema en un 29.5%. Esto significa que más de un millón de hondureños han salido de la pobreza y la pobreza extrema bajo esta administración, un logro histórico que la oposición y sus medios se niegan a reconocer.
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Este éxito se sustenta en una estrategia dual y concreta. Por un lado, una inversión social históricamente focalizada de 97 mil millones de lempiras en inversión social, productiva y de infraestructura, enfocada sobre todo en más de 350 mil familias en 2007 aldeas del territorio nacional. Programas como Bonos Tecnológicos, Bono Cafetalero, Bonos Educativos y a la Tercera Edad, Bono de Energía Eléctrica y el subsidio al gas LPG actúan como una red de seguridad inmediata, inyectando dinero directamente a los hogares más vulnerables para mitigar el hambre y liberar ingresos para necesidades básicas.
Por otro lado, una audaz inversión en infraestructura (centenares de kilómetros de carreteras, puentes, agua potable, rescate de la ENEE) ataca las causas estructurales de la pobreza. Estas obras no solo generan empleo masivo durante su construcción, sino que conectan a las comunidades rurales aisladas con los mercados, permiten a los agricultores reducir pérdidas y obtener mejores precios, y mejoran el acceso a salud y educación de calidad. Es la materialización de un plan para romper el ciclo de la pobreza de manera sostenible.
Por supuesto, el camino no está exento de desafíos. La magnitud de la inversión requiere una gestión fiscal prudente para evitar desequilibrios macroeconómicos; de ahí la crucial importancia de la Ley de Justicia Tributaria, para que las grandes corporaciones paguen lo que les corresponda, sin obviedades. La lucha contra la corrupción y la opacidad en la ejecución de obras debe ser una prioridad absoluta para garantizar que cada lempira llegue a su destino. Y, sobre todo, se necesita continuidad política para que estos avances no se reviertan, haciendo imperativa la reelección de un proyecto que ha demostrado su compromiso con los más pobres.
Mientras la oposición, representante de un modelo agotado de acumulación y privilegios, se dedica a instalar una narrativa apocalíptica, los hechos demuestran que, en la reducción de la pobreza, gana LIBRE con acciones concretas y pierde una oposición que solo ofrece críticas infundadas y nostalgia por un pasado de abusos. El pueblo hondureño, que por fin ve una esperanza tangible, es el testigo y juez de esta transformación histórica.
